La justicia de la provincia de Buenos Aires arrastra más de 300 cargos judiciales vacantes, incluyendo la Corte Suprema que solo cuenta con tres de siete jueces, lo que genera demoras extremas en causas cotidianas como violencia familiar o sucesiones para el ciudadano común.
La interna política entre Massa, Kicillof y el kirchnerismo impide nombrar jueces, pese a que el Poder Ejecutivo envió 33 pliegos recientemente y más de 200 el año pasado, siempre con polémicas por designaciones de amigos controvertidos.
El sistema judicial bonaerense gasta 1.675 billones de pesos, de los cuales el 95% se destina a salarios, dejando poco para mejoras tecnológicas o de infraestructura, mientras fiscales y jueces reclaman aumentos salariales infernales.
Esta corrupción invisible y desmembramiento afecta la gestión de Kicillof, menos visible que los problemas nacionales.