Una abogada social, Tamara, confirmó en exclusiva que interpuso acciones de amparo contra la resolución del Ministerio de Capital Humano que eliminó los pagos del programa Volver al Trabajo. El juez de Campana dictó una medida cautelar que obliga al ministerio a restituir en tres días hábiles las prestaciones de 78 mil pesos mensuales a los beneficiarios.
La resolución determina que las acciones colectivas se inscriban en el registro de juicios colectivos y mantiene vigente el programa de forma provisoria para unas 900 mil personas hasta resolver el fondo del asunto. Panelistas debatieron intensamente el rol del Poder Judicial, con críticas al peronismo por peronizar la justicia y defender capacitaciones laborales en lugar de planes sociales.
Se mencionó al juez anterior González Arbay también de Campana y se acusó al PJ de poner palos en la rueda al gobierno de Milei. Otros defendieron los pagos como esenciales para familias pobres, contrastando con bajadas de impuestos a ricos como bienes personales que representan mucho más en el PBI.
El debate escaló con interrupciones sobre si hay cursos de capacitación reales o si la gente pobre tiene acceso a internet para estudiar, ejemplificando con familias en pisos de tierra sin techo.