España inició el jueves 16 de abril un proceso extraordinario de regularización de inmigrantes irregulares que dura hasta junio, otorgando autorizaciones provisionales de residencia y trabajo por un año a quienes estén en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y lleven al menos cinco meses irregulares, sin antecedentes penales.
El objetivo es regularizar cerca de 500 mil personas, especialmente menores con permisos de 5 años, para suplir el envejecimiento acelerado de la población, uno de los más altos de Europa.
Anunciado por el presidente Pedro Sánchez, contrasta con políticas restrictivas de otros países europeos, pero impulsa el PIB: inmigrantes ocuparon 3 de cada 4 nuevos puestos desde 2019 y aportaron el 47% del crecimiento desde 2022, triplicando llegadas a un millón anual.