En campamentos superpoblados del este de Chad, más de 1,2 millones de refugiados sudaneses enfrentan una crisis humanitaria agravada por recortes drásticos en la ayuda internacional, impulsados por donantes como Estados Unidos bajo Trump y Alemania. Organizaciones como ACNUR y UNICEF advierten que los suministros de agua, alimentos y educación se agotan, con niños bebiendo de charcos y riesgo de cólera, mientras escuelas cierran por falta de fondos y maestros sin sueldo desde hace meses.
Empleados como Sani Akilu y Charlotte Lepignac coordinan reuniones urgentes sobre agua y saneamiento, pero generadores fallan por mantenimiento deficiente, amenazando el suministro para 40.000 personas. Maestros refugiados protestan por salarios impagos de hasta cuatro meses, y almacenes del Programa Mundial de Alimentos tienen provisiones para solo uno o dos meses más. Proyectos de autosuficiencia como Hagina buscan cultivar tierras para refugiados y locales, pero la influencia rusa en la región y conflictos en Sudán complican todo.
Chad, bajo gobierno autocrático del presidente Deby, recibe inversiones chinas en infraestructura, mientras Rusia busca desestabilizar el Sahel para generar migraciones masivas hacia Europa, similar a lo ocurrido con Siria en 2013. ACNUR apuesta por capacitar locales y refugiados en gestión y agricultura para lograr independencia, pero sin fondos, el brote de cólera registró casi 3.000 casos hasta 2025 y contratos temporales terminan.
Expertos como Tobias Heidland alertan que recortar ayuda ahora costará más después en Europa, al provocar oleadas de migrantes si no se estabiliza la región con proyectos sostenibles.