Un juez laboral hace lugar a medida cautelar de la CGT y suspende 83 artículos de la modernización laboral aprobada en Congreso, clave para el gobierno libertario. Incluye reducción de indemnizaciones por despido, banco de horas, FAL, jornada 12x12, limitación a huelga y prioridad a acuerdos empresariales.
El gobierno presenta per saltum ante Corte Suprema vía Procuración del Tesoro para revertir la suspensión y cambiar fuero a contencioso administrativo, alegando justicia laboral "contaminada". Busca que reclamos tramiten allí, no en laboral, para alinear con espíritu de la ley.
La estrategia enfatiza que Congreso ya convirtió en ley la reforma; un juez no puede suspenderla. No hay plazo para Corte, pero per saltum exige inmediatez por perjuicio temporal al Ejecutivo.