El gobierno de Pedro Sánchez aprobó una regularización extraordinaria de hasta medio millón de migrantes para residencia y trabajo en España, la primera masiva en 21 años. Los beneficiarios no deben tener antecedentes penales ni otros requisitos, y aportan a la prosperidad del país donde representan el 20% de la población desde 2002.
El investigador Iván Martín de la Universidad Pompeu Fabra explicó que el atractivo radica en el empleo por el crecimiento económico superior a la media europea. Razones de la medida: arraigo acumulado, bolsa de irregulares estimada en 800.000, derechos en un estado de derecho y posición política socialista frente a la restricción europea.
La derecha y ultraderecha rechazan la regularización pese a su historial de medidas similares y que el 90% serán latinoamericanos, preferidos por idioma y religión. Martín ve pocos obstáculos políticos, solo administrativos como certificados de antecedentes.
Irónicamente, países latinoamericanos de derecha rechazan migración pese a que sus ciudadanos se benefician. Martín atribuye esto a politización electoral, oponiéndose a necesidades reales respaldadas por iglesia y empresarios.