El Salvador realiza juicios masivos a más de 91.000 detenidos en estado de excepción de Bukele contra pandillas; grupos juzgados colectivamente sin pruebas individuales, eliminando audiencias preliminares.
Familias como Gladys Villatoro (hijo William, técnico) y Reinaldo Santos (hijo Jonathan, obrero) denuncian inocencia ignorada por estigma barrial; pruebas rechazadas, penas hasta perpetua para menores.
Abogados llaman "fábrica de condenas" al proceso; gobierno celebra baja violencia, pero derechos humanos critican presunción de culpabilidad.