En Villa Allende, Córdoba, el municipio instaló 13 portones en barrios Lomasur y Pan de Azúcar que se cierran de 22 a 6 horas para frenar robos nocturnos, operados por seguridad ciudadana y dejando 5 accesos abiertos con cámaras. La medida responde a la zona marcada como vía de escape de ladrones hacia Córdoba capital, afectando 30 manzanas.
El secretario de Gobernación, Felipe, defendió la iniciativa como parte de un programa de prevención con cámaras, lectores de patentes, app Iviso SOS, patrullaje y drones. Explicó que un amparo de vecinos autoconvocados fue rechazado por la Justicia, y que datos policiales identifican la zona como caliente donde ocurre el 60% de delitos nocturnos. Aseguró que emergencias se resuelven en minutos por accesos alternos monitoreados.
Los portones revalorizarán propiedades y bajarán índices de inseguridad, según Felipe, quien los comparó con barrios cerrados. Sin embargo, vecinos como Cecilia y Javier Saab protestan con carteles, alegando que es anticonstitucional, antidemocrático y discriminatorio, ya que limita la libertad de circulación en calles públicas sin consenso vecinal pleno.
Cecilia argumentó que no garantiza seguridad ni valoriza casas, ya que un portón cerrado ahuyenta compradores, y pidió más luminarias, patrullas y calles en condiciones. Recordaron fracasos en otros barrios cerrados con robos pese a medidas similares, y presentaron 3.000 firmas y apelación al Tribunal Superior. El panel debatió la polémica, comparando con casos en Buenos Aires.