En El Salvador, la justicia bajo el estado de excepción de Nayib Bukele procesa a más de 91.000 detenidos en juicios masivos por video, eliminando audiencias preliminares y presunción de inocencia para combatir pandillas como Barrio 18.
Madres como Toro, que vende tortillas, claman por su hijo William, técnico de aire acondicionado agrupado con pandilleros sin pruebas. Reinaldo Santos denuncia la detención de su hijo Jonathan, obrero de 24 años, solo por jugar videojuegos en un barrio humilde, catalizado como terrorista por el ministro.
Abogados anónimos describen el sistema como una "fábrica de condenas masivas" donde objeciones se rechazan, testigos ignoran y penas llegan a perpetua incluso para menores. Organizaciones de derechos humanos critican el calvario mientras Bukele celebra reducción de violencia.