El escrutinio electoral en Perú se ha estancado en el 93% debido a miles de actas impugnadas que deben resolverse mediante un proceso burocrático estricto.
Cuando una acta es impugnada en un centro de votación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales la envía al Jurado Nacional de Elecciones, que la deriva al jurado electoral especial para solucionar el litigio convocando a personeros de partidos políticos. Este trámite demora días o semanas.
Una vez validada, la acta regresa por la misma cadena hasta la ONPE para incluirse en el conteo final. Los funcionarios peruanos deben seguir este procedimiento para evitar penas de cárcel de 3 a 10 años por vulnerar derechos ciudadanos.
La ONPE reporta 5200 actas impugnadas enviadas al jurado especial y más de 1200 actas pendientes, lo que genera un empate técnico por el segundo lugar hacia el balotaje contra Keiko Fujimori.