El fiscal Carlos Stornelli pidió indagar a Carla Vizzotti, ex ministra de Salud, y otros funcionarios por una presunta matriz de corrupción en la demora de vacunas COVID. Se acusa tráfico de influencia y conflicto de intereses al priorizar laboratorios locales sobre ofertas de Pfizer y COVAX.
Pfizer ofreció 13,3 millones de dosis desde mediados de 2020 y COVAX otras 25 millones, pero el gobierno favoreció socios locales vinculados a vacunas chinas y rusas. Implican a Hugo Sigman, Pedro Kahn, Cecilia Nicolini y otros en negociaciones incompatibles.
Los panelistas destacaron que Vizzotti estuvo de ambos lados del mostrador, con vínculos a organizaciones que evaluaban las vacunas. Denunciaron que la demora ideológica y por negocios costó vidas, recordando presiones de padres por vacunas para niños.
La causa surgió de diputados como Omar Bruno y Fernando Iglesias. Señalaron expedientes frenados deliberadamente y favoritismo por afinidades geopolíticas con Rusia y China.
Subrayaron la gravedad ética y judicial, ya que millones pudieron vacunarse antes durante la pandemia.