El gobierno de Pedro Sánchez aprobó una regularización extraordinaria de migrantes que otorga permiso de residencia y trabajo a medio millón de personas en España.
La medida reconoce la contribución de los migrantes a la prosperidad y cohesión del país, defendida por el gobierno como acto de justicia y rechazada por la derecha y ultraderecha.
Para beneficiarse, los migrantes no deben tener antecedentes penales, residir en España desde el 1 de enero y acumular cinco meses ininterrumpidos en el territorio.