La autopsia de Ángel López, el niño de 4 años muerto en Comodoro Rivadavia, revela al menos 20 golpes en la cabeza, cicatrices previas y un hostigamiento sistemático que configura tormento, según explicó el doctor Pascual Pimpinela, ex jefe de medicina forense de Santa Fe. El perito describió lesiones en diferentes momentos, descartando causas naturales o congénitas para la muerte, e hipotetizó un edema cerebral por conmoción que provocó el paro cardiorrespiratorio.
En la audiencia de imputación, Mariela Altamirano, progenitora del menor, y Michael González, su pareja, enfrentan cargos por homicidio agravado por el vínculo con pedido de perpetua del abogado Roberto Castillo, representante del padre Luis López. González se defendió negando violencia, atribuyendo la muerte a un episodio de asma no tratado y problemas para sonarse la nariz, mientras relataba el hallazgo del cuerpo inerte y la demora de la ambulancia. Altamirano y González niegan responsabilidad en un video viral previo a su detención.
Los panelistas destacaron el derrotero judicial: Altamirano abandonó a Ángel a los 10 meses, pero la justicia le restituyó la tenencia en noviembre pese al llanto desgarrador del niño que prefería quedarse con su padre. Críticas a la ideología de género y fallas estatales permitieron el abuso, comparado con casos como Lucio. Las defensas cuestionan la intencionalidad, minimizando lesiones como "coscorrones" e infiltraciones hemáticas, y piden no abrir investigación por falta de dolo, aunque prisión por riesgo de fuga parece inminente.
Una marcha exige justicia afuera del tribunal, donde se observa a los imputados quebrados emocionalmente por primera vez. El Estado es acusado de inoperancia, sin sanciones previas a funcionarios, pese a protocolos internacionales como Minnesota y ONU contra el maltrato infantil sistemático.