La justicia de Comodoro Rivadavia realiza la audiencia de control e imputación a Mariela y Michael por la muerte de Ángel, un nene de cuatro años. Les formularán cargos y evaluarán prisión preventiva por riesgo de fuga: él tiene familia en Córdoba y antecedentes violentos, ella en Misiones con negligencia previa en hijos.
El abogado Roberto Castillo, defensor de Luis López, el papá de Ángel, denunció amenazas del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia para silenciar a la familia y bloquearle la matrícula local. Afirma que hay un blindaje político y judicial para proteger al juez de familia Pablo Pérez y a la psicóloga con sesgo de género que entregaron al niño a la madre sin revisar estudios.
Castillo rechazó matricularse en ese colegio, acusándolo de velar por magistrados negligentes responsables del homicidio del nene. Revelaron designaciones políticas como Jennifer Leiva, recomendante del hogar donde vivía Ángel, nombrada por el ex intendente y actual diputado Luque. La ciudad está harta de casos idénticos con los mismos funcionarios.