Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, denuncia la desidia judicial y la ideología de género que impide proteger a niños maltratados. Explica que la ley 27.709, conocida como ley Lucio, exige capacitación continua a los tres poderes del Estado para detectar riesgos, pero ninguna provincia la ha reglamentado salvo Córdoba, donde redujo drásticamente los feminicidios infantiles. En casos como Ángel, asesinado tras cinco meses de maltrato, y Nael, de cuatro años abandonado por el Estado, la justicia priorizó a la madre biológica pese a evidencias claras.
Relata su presencia en el velatorio de Nael, describiendo el féretro blanco con el nene inerte, y critica a políticos y jueces por no conmoverse. Recibe entre 20 y 50 llamados diarios de niños en riesgo y recuerda advertir a la ex defensora Marisa Graja sobre el peligro, siendo ignorado. Ataca a la jueza del caso Lucio, aún en funciones pese a múltiples errores, y asistentes sociales que copian informes sin cambiar nombres.
Critica la perspectiva de género que relega la perspectiva de infancia, exigiendo destitución de jueces como Pele Magister. Defiende su lucha pese a críticas por lucrar, aclarando que no cobra por notas, y anuncia apoyo a familia de Comodoro. Insiste en apartar fiscales, asistentes y psicólogos negligentes para evitar más muertes.