Nicolás Godoy, cabecilla de una banda en Sierra Chica y Merlo, lideraba sextorsión a adolescentes desde cárceles bonaerenses usando celulares permitidos por resolución judicial de 2020. Se hacían pasar por productores de modas en TikTok e Instagram, pedían fotos en ropa interior y exigían 50-60 mil pesos para no divulgarlas a familiares, escaneando previamente perfiles sociales.
Tras allanamiento en su celda, secuestraron chips y lo trasladaron, pero operaba con cómplices pese a superpoblación carcelaria (60 mil presos para 30 mil plazas). Expertos como Miguel Perrotta denuncian connivencia de guardacárceles que cobran 1 millón por celular, pabellones abiertos y previsibilidad de requisas, facilitando delitos como estafas automáticas con IA y granjas de chips que multiplican 20 líneas en un teléfono.
El sistema permite acceso irrestricto a internet y redes; presos rotan celulares y coimean personal. Casos vinculados incluyen suicidio de Rodrigo Andrés Gómez por extorsión desde Olmos, banda del Millón con homicidios y órdenes por videollamada. En Buenos Aires, saturación y decisión política frenan prohibición por miedo a motines.
En penales federales, ingresar celular cuesta hasta 10 mil dólares. Ejemplos como Devoto muestran celulares ocultos en libros de actas ignorados por jueces. Se necesitan tipificaciones penales y decisión política para combatir call centers tumberos.