La Justicia avanzó en la investigación por malversación de caudales públicos y suministro ilegal de sustancias medicinales como propofol y fentanilo contra el médico Hernán Boveri, anestesista del Hospital Italiano, y Delfina Fini Anunciá, residente de tercer año en anestesiología.
Se dictaron embargos por 70 millones a Boveri y 30 millones a Fini Anunciá, prohibición de salida del país y trámites para suspender sus matrículas médicas. Ambos tenían relación con el anestesista Salazar, hallado muerto el 20 de febrero con una vía en el pie que le suministraba propofol y fentanilo, causando su deceso.
La muerte de Salazar se investiga por separado, sin avances significativos; no se sabe quién controlaba la administración de las drogas ni las circunstancias exactas. La pesquisa surgió en la Asociación de Anestesistas tras vincular a Boveri y Fini Anunciá con el acceso a las sustancias.