La Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad la Ley Orgánica de Minas el 9 de abril, anunciada por Jorge Rodríguez. Esta nueva ley deroga regulaciones mineras de 1999 y 2015 del mandato de Hugo Chávez, permitiendo a empresas privadas y extranjeras explotar oro y minerales estratégicos por un máximo de 30 años, prorrogables por dos periodos de 10 años cada uno.
El gobierno de Delcy Rodríguez deshace líneas rojas previas para potenciar el sector minero, clave por las reservas: Venezuela tiene la cuarta mina de oro más grande del mundo y vastos yacimientos en el Arco Minero del Orinoco de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita, granito y cuarzo. Analistas ven la medida alineada con el interés de Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, que ofrece garantías jurídicas y políticas a inversores estadounidenses.
La ley prohíbe a funcionarios estatales y familiares obtener títulos mineros o ser accionistas por al menos cinco años tras dejar el cargo. Sin embargo, persiste el flagelo de la minería ilegal, que floreció bajo Nicolás Maduro con colaboración de guerrillas colombianas, procesando minerales con códigos aduaneros fraudulentos hacia China.
Se proyectan ingresos anuales de 4.000 a 8.000 millones de dólares para 2036 vía regalías progresivas, aunque habrá que ver si se cumple ante el impacto ambiental y explotaciones ilegales previas.