Argentina tiene 5 millones de personas con discapacidad, el 11% de la población, pero el sistema está colapsado: trabajadores en talleres protegidos cobran 28.000 pesos mensuales sin updates, acompañantes terapéuticos ganan 3.000-4.500 pesos por hora con pagos atrasados.
PAMI, InciluSalud y prepagas niegan coberturas pese a sentencias judiciales favorables; madres desesperadas rebotan sin acceso a medicamentos caros de hasta 700.000 pesos mensuales, agravando discapacidades por no adherencia a tratamientos.
Daniel, experto en pobreza y ex funcionario, denuncia angustia inédita en familias, exige cárcel para directivos que incumplen órdenes judiciales y mejor sueldo para profesionales de salud. Critica desregulación fallida y urge gestión humana en discapacidad.
Se reclama responsabilidad empresaria y estatal, con impacto fiscal mínimo del 0,3%, priorizando ahorro sobre sufrimiento humano.