Venezuela derogó las regulaciones mineras de 1999 y 2015 con una nueva ley que permite a empresas nacionales, extranjeras, estatales y privadas explotar oro y minerales estratégicos.
Las concesiones duran máximo 30 años, prorrogables por dos períodos de 10 años, con yacimientos como propiedad del Estado y arbitraje para disputas.
La ley establece un impuesto de regalías hasta el 13% del valor bruto y otro hasta el 6% para actividades mineras primarias; el Banco Central manejará la venta de oro.