La nueva ley de glaciares cambia radicalmente el esquema de protección al reemplazar a científicos por funcionarios provinciales y nacionales en la custodia y evaluación de daños a glaciares y zonas periglaciares.
La ley original del gobierno de Cristina Kirchner asignaba a científicos la tarea de mapear y proteger estas áreas, pero ahora los funcionarios responderán a intereses políticos o económicos, según críticos, lo que facilita la explotación minera.
Provincias como San Juan tienen capacidad técnica desarrollada, pero otras carecen de experiencia en controles, aumentando vulnerabilidad. Un abogado ambientalista advierte que los ríos serán los primeros afectados por avances mineros.
El gobierno asegura 137-140 votos para aprobación mañana en Diputados a las 15, con apoyo de lobby minero y gobernadores cordilleranos, pese a quórum ajustado y marcha prevista en contra.
Nicolás Mayoraz, libertario, generó polémica con chiste sexista sobre "mujeres mayorada de la debilidad" al iniciar plenario.