En el Congreso, diputados oficialistas y provinciales defienden la modificación de la ley de glaciares, argumentando que aclara definiciones imprecisas, respeta el federalismo y permite el desarrollo minero responsable sin reducir la protección ambiental.
La diputada Picón critica a opositores por oponerse al crecimiento, destacando que San Juan lidera en obra pública y bajó impuestos pese a la pobreza. La diputada Vila realiza un revisionismo histórico de la ley original, vetada por Cristina Fernández de Kirchner en 2008 por debilitar el federalismo, y explica confusiones en definiciones de periglaciares y reservas hídricas, citando a Filmus, Bonasso y otros legisladores que enfatizaban la función hídrica estratégica.
Vila detalla fallas prácticas: el IANIGLA identificó 17.000 cuerpos de hielo pero solo analizó dos en detalle tras 16 años, genera inseguridad jurídica y juicios. Exalta capacidades provinciales en controles ambientales con ISO, auditorías y comunidades, y rol de ley de aguas interprovinciales.
El diputado Outes, de Salta, insiste en devolver facultades a provincias mineras para opinar con informes técnicos, promueve minería sustentable que genera empleo nacional, critica centralismo porteño y subestimación provincial, comparando con agricultura en Córdoba o Santa Fe.