El diputado Pablo Juliano criticó la ley de glaciares de 2010 por su definición abstracta del ambiente periglacial que genera ambigüedad y frena inversiones mineras, destacando que las exportaciones mineras crecieron de 2.900 millones de dólares en 2006 a 5.100 millones en 2025 pese a la norma vigente.
Juliano y la diputada Diana Fernández Molero defendieron la reforma como una mejora regulatoria que clasifica zonas en lugar de prohibir todo, similar a la ley de bosques, y cuestionaron costos para provincias como San Juan donde un trabajador minero gana tres veces el salario promedio. Martín Yesa presentó datos de leydeglaciares.tech mostrando superposición mínima entre proyectos mineros y glaciares, comparando con países como Canadá y Chile que evalúan caso por caso.
El diputado Abelardo Ferrán de Unión por la Patria rechazó la reforma argumentando que prioriza provincias con glaciares sobre cuencas compartidas como el río Colorado, vital para La Pampa con acueductos que abastecen al 50% de sus habitantes, y citó el secado del río Atuel-Salado por decisiones unilaterales de Mendoza.
Máximo Kirchner criticó la reforma como entreguista junto al RIGI y ley bases, señalando caída de inversión extranjera y desempleo pese a flexibilizaciones previas, y defendió la ley actual que permitió exportaciones mineras sin modificaciones, usando Santa Cruz como ejemplo exitoso con Cerro Vanguardia.
La diputada Ana María Ianni de Santa Cruz se presentó como voz de manifestantes contra la falsa dicotomía ambiente-desarrollo, tras casi 12 horas de debate en el Congreso.