La Justicia investiga dos causas penales por créditos hipotecarios millonarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y diputados oficialistas, con montos elevados equivalentes a cientos de miles de dólares y posibles tasas preferenciales o condiciones especiales.
Los jueces federal Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti analizan si hubo privilegios, tráfico de influencias o incumplimientos en la capacidad de pago de beneficiarios como Leandro Massachetti, exjefe de gabinete de Sandra Pettovello, y diputados con morosidad o en veraz. Se piden informes al banco y al Banco Central para verificar normativa y existencia de delitos.
Luis Caputo defendió los créditos como legales y éticos, invitando a todos los empleados públicos a tomarlos, mientras Pablo Quirno los comparó con préstamos del gobierno anterior. Periodistas cuestionan la ética por contradecir promesas de eliminar privilegios de la casta y accesibilidad para ciudadanos comunes.
Virginia y Claudio explicaron que los créditos son para primera casa en muchos casos, pero inusuales por montos y situaciones de riesgo como empleos precarios en funcionarios.