La justicia investiga tres denuncias por los créditos hipotecarios VIP millonarios del Banco Nación otorgados a legisladores y funcionarios del gobierno, que el ministro de Economía Luis Caputo defiende como legales y una "oportunidad única" por el sobrestock de propiedades. Caputo alentó a su equipo, amigos y "la gente común" a tomarlos antes de que suban los precios, afirmando que "no hay nada ilegal ni inmoral".
Funcionarios cercanos a Caputo como el asesor Felipe Núñez (370 millones de pesos, unos 315 mil dólares), el secretario de Finanzas Federico Furiase (370 millones, 280 mil dólares) y el miembro del directorio del Banco Central Pedro Inchauspe (510 millones, 345 mil dólares) accedieron a estos créditos para segundas viviendas con tasas subsidiadas, mientras el promedio del banco es de 60-70 mil dólares y solo se entregaron 30 mil créditos ante 2,3 millones de hogares con déficit habitacional.
Las denuncias por administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes recayeron en jueces federales como Ariel Lijo, Rafecas y Capuchetti, con fiscal Policita. El diputado Paulón denunció los montos elevados por sobre ingresos de los beneficiarios. La ministra de Capital Humano Sandra Pettovelo echó a su jefe de gabinete Leandro Massachessi (hijo del ex gobernador Horacio Massachessi) por un crédito similar, aunque él aclaró que cumplió requisitos para primera vivienda.
En contraste, datos del INDEC muestran que la mitad de los argentinos gana menos de 800 mil pesos mensuales, el salario promedio es de 1.321.300 para asalariados y el índice Gini bajó levemente a 0,400, con el 10% más rico acaparando el 32,3% de la riqueza y el 10% más pobre solo el 1,8%, haciendo imposible el acceso para la mayoría.