El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo centralizan tres denuncias por créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza en el Banco Nación. La investigación preliminar usa el simulador del banco para verificar si los préstamos se ajustaron a normas, enfocándose en montos elevados, codeudores y estabilidad laboral de los beneficiarios.
El panel explica que empleados públicos acceden hasta al 90% del valor de la propiedad, versus 75% para privados, gracias a convenios del banco. Se cuestiona si codeudores fueron familiares directos con ingresos suficientes, ya que algunos montos superan lo esperable para sus sueldos declarados. Ejemplo: el caso de Leonardo Massachessi, exjefe de gabinete de Sandra Petrobelo, quien fue despedido tras descubrirse su crédito de más de 400 millones por redes sociales.
El debate destaca la baja morosidad de estos créditos (1-1.5%) pese a la inflación, pero critica el secretismo del gobierno de Javier Milei, que evita explicar detalles pese a su discurso de austeridad fiscal. Panelistas argumentan que transparentar fortalecería su imagen, contrastando con el kirchnerismo, y que el Banco Nación prepara carpetas para la Justicia.
Se menciona que el gobierno revisó carpetas y afirma corrección, pero fuentes judiciales observan irregularidades en scoring, tiempos de aprobación y montos. El relator enfatiza que la sociedad exige rendición de cuentas por el ajuste promovido por Milei.