Manuel Adorni, vocero presidencial, enfrenta crecientes sospechas de enriquecimiento ilícito por préstamos privados: su esposa compró una casa en el country Indioquá el mismo día que él hipotecó su departamento en Parque Chacabuco por 100 mil dólares prestados por Isabel Graciela Molina (68 años, comisaria retirada de la Policía Federal) y María José Cancio (34 años, empleada policial).
Previamente, adquirió un departamento en Caballito mediante un mutuo de 200 mil dólares de dos jubiladas que no lo conocían, vendido por Hugo Morales. Expertos consultados sugieren que estos mutuos privados se usan para justificar dinero en negro, y hay discrepancias en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, donde declaró solo 42 mil dólares de deudas.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió medidas para rastrear propiedades, viajes (incluido a Aruba en 2014 y Nueva York en avión presidencial) y vuelos en clase superior de 8 mil dólares. Adorni gana unos 3 millones mensuales, pero debería pagar cuotas de hasta 4 millones por 460 millones de pesos equivalentes, lo que genera dudas sobre su solvencia.
El escándalo afecta al gobierno de Javier Milei y Karina Milei, comparado con renuncias por créditos como la de Sandra Pettovello. Adorni agenda reuniones con ministros, pero su candidatura en CABA se complica y podría renunciar por presión.