Gobierno de José Antonio Kast suspendió regularización de 182.000 migrantes propuesta por anterior administración, enfocándose en expulsión de 330.000 irregulares, mayoría venezolanos.
Kast supervisó construcción de barreras en frontera con Perú y Bolivia, como zanjas y muros en Arica y Colchane para frenar narcotráfico y delincuencia.
Incluye enrolamiento biométrico en campamentos y ley que hace delito ingreso irregular con penas y expulsiones inmediatas. Ya hay 37.000 decretos de expulsión.
Críticas señalan foco en irregulares ya en Chile más que en ingreso.