Funcionarios y diputados del gobierno actual accedieron a préstamos hipotecarios por montos equivalentes a 276 mil dólares hasta 350 mil dólares cada uno, sumando casi 2.500 millones de pesos, mientras el pueblo común no recibe créditos desde 2011.
El panel criticó duramente que secretarios de Finanzas, directores del Banco Central y otros PEP (personas políticamente expuestas) obtengan estos créditos a tasas bajas, cuestionando de dónde sale la plata que pagan los contribuyentes y denunciando tráfico de influencias.
Debate acalorado: unos lo ven como estafa moral y prueba de que los libertarios reemplazaron a la casta para saquear el Estado; otros defienden que no es delito, es préstamo legal, pero admiten irregularidades por ser PEP y sugieren reducir el Estado para minimizar corrupción.
Panelistas exigieron piedad por el pueblo, que no accede a créditos similares, y vincularon esto a la doctrina "narco-capitalista" que ignora el bien común, proponiendo achicar el Estado a mínima expresión para evitar robos.