El juez Raúl Horacio Ojeda concedió la medida cautelar solicitada por la CGT, suspendiendo los efectos de 82 de 218 artículos de la nueva ley laboral para evitar daños irreversibles como el fondo de despidos (FAL) o deshomologación de convenios colectivos.
La CGT presentó el pedido el mismo día de la promulgación en el Boletín Oficial, cumpliendo requisitos para la cautelar. El gobierno, a través de la Procuración del Tesoro dirigida por Sebastián Amerio, apelará la decisión que frena parcialmente la reforma festejada por La Casa Rosada.
En debate en vivo, panelistas cuestionan si un juez puede suspender lo aprobado por 257 diputados y 72 senadores, defendiendo el proceso constitucional de formación de leyes. El magistrado advierte sobre colisiones futuras si se aplican artículos ahora, como el complejo entramado del FAL.
La suspensión genera confusión práctica: empresas no saben qué partes de la ley aplicar al contratar desde abril. No es defensa de la reforma per se, sino del rol del fuero contencioso administrativo en control de constitucionalidad.
Lucía anticipa que el gobierno no esperaba tan rápido esta mala noticia y prepara apelación, mientras la CGT había anunciado judicializaciones.