La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo dio la razón al Consejo Interuniversitario Nacional y ordenó al gobierno aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario, aprobada tras veto presidencial.
El presidente Javier Milei vetó inicialmente el proyecto por considerarlo irresponsable aumento de gasto público. El Congreso insistió con dos tercios: 160 votos afirmativos en una cámara y luego en Diputados. El gobierno eliminó la ley en el presupuesto, pero Diputados rechazó ese capítulo con 117 afirmativos y 123 negativos.
En debate, estudiante Magalí Peralta (Economía UBA) exige aplicación de la ley votada seis veces, denuncia sueldos docentes de 235.000 a 250.000 pesos para dedicación simple (10 horas semanales), renuncias por precariedad y recortes horarios que afectan permanencia. Joaquín Iglesias (Ciencias Políticas, Somos Liberales) critica ineficiencia y falta de transparencia presupuestaria (Excel vacío en web de facultad), pide auditoría antes de más fondos.
El conductor interviene destacando que universidad pública se sostiene con impuestos de todos los argentinos, no solo docentes, y cuestiona problemas preexistentes como centro de estudiantes kirchnerista. Ambos coinciden en bajos sueldos pero difieren en soluciones: aplicación ley vs. reforma.