El juez Ariel Lijo investiga si el vuelo privado a Punta del Este de Manuel Adorni configura una dádiva o un cohecho, tras la declaración de Vanessa Tosi, secretaria de la empresa aeronáutica, quien denunció hostigamiento por parte de Marcelo Grandío durante su testimonio. Lijo impuso restricciones de acercamiento a Grandío, quien envió mensajes y llamadas acusándola de filtrar información y presionándola para negar el viaje, coincidiendo con un receso en la declaración.
El piloto declaró que Adorni y su familia pagaron su parte, pero omitió detalles clave como una carta documento de Grandío para desconocer el servicio, lo que podría llevar a una nueva citación. La fiscalía requiere contratos de Grandío con TV Pública y Radio Nacional, gestionados bajo influencia de Adorni, para determinar si hubo contraprestación estatal que eleve la figura a soborno en lugar de mero regalo prohibido por la ley de ética pública.
Mariano Cúneo Libarola defendió a Adorni argumentando que un amigo puede invitarlo sin delito si pagó su tramo y no tomó vacaciones, pero panelistas cuestionan sus recursos: pasó de dos departamentos modestos a una 4x4, casa en country y piso en Caballito en dos años, sin reflejarlo en declaración jurada. Adorni prometió explicaciones judiciales pero no se presentó ni aportó pruebas, pese a que organismos dependientes no respondieron requerimientos.
Empleados de la empresa evitaban políticos por tensiones, como insultos al PCA hacia Adorni al subir al avión. Grandío intentó negar el vuelo inicialmente vía carta documento post-revelación de Carlos Pagni, estrategia que cambió a afirmar pago. La causa incluye posible enriquecimiento ilícito y perimetral urgente para preservar testimonio de Tosi.
Panel destaca errores de "principiante" en dejar rastros, pese a experiencia en contratos públicos, y cuestiona si Grandío actuó como enemigo de Adorni al complicarlo públicamente.