El fiscal Gerardo Policita impulsó la acción penal contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito tras la denuncia de la diputada Marcela Pagano, que alega un aumento patrimonial del 500% en función pública.
El juez Ariel Lijo recibió requerimientos para analizar movimientos financieros, propiedades no declaradas como la casa en Exaltación de la Cruz, departamento en Caballito y el anterior en Asamblea a la venta por 290 mil dólares, además de contratos de su amigo Marcelo Grandío con Televisión Pública.
En el caso de los vuelos privados a Punta del Este pagados por Grandío, declararon el broker y su asistente, quien reveló intentos de pago sin factura y mensajes de Grandío durante la declaración judicial, generando sospechas de dádivas.
La justicia también indaga la consultora de la esposa de Adorni contratada por empresas estatales como una naviera ligada a YPF, y un viaje a Nueva York con fondos públicos bajo investigación del juez Rafecas.
Adorni dio conferencia sin mostrar documentos que justifiquen su patrimonio, invirtiendo la carga de la prueba en este delito donde el funcionario debe demostrar la licitud de sus bienes.