El gobierno ecuatoriano realizó una operación militar que bombardeó minas ilegales en la frontera con Colombia, generando 300.000 dólares diarios de explotación ilegal y destruyendo el comercio legal local.
La acción desarticuló estructuras que amenazan la seguridad y el medio ambiente en áreas fronterizas, foco de financiamiento ilícito y contaminación para comunidades locales.
Esta estrategia busca combatir la minería ilegal y reforzar control en regiones con presencia de grupos armados e impacto ambiental creciente.