Los trabajadores de FATE en Tigre protagonizan una audiencia clave de cuatro horas y media en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo sin llegar a acuerdo con los directivos de la empresa, que participaron por videollamada alegando inseguridad. Más de 900 empleados directos quedaron desempleados desde febrero, sin cobrar sueldos de ese mes ni marzo, violando conciliación obligatoria, afectando a unas 2.500 familias en la cadena productiva incluyendo proveedores como en Rosario.
Delegados como Roberto (23 años en la planta, 56 años) y Alejandro Crespo (Secretario General del Gremio de Lima) exigen reapertura inmediata, ya que la fábrica única productora de neumáticos para camión y ómnibus en Argentina tiene máquinas listas, materia prima y ventas hasta enero. Presentaron proyecto de ley bonaerense para ocupación temporal e intervención del directorio, argumentando riesgo estratégico nacional en conflictos bélicos o pandemias donde importaciones fallan.
El empresario Madanes Quintanilla es acusado de lockout para presionar al gobierno, usando la planta como rehén pese a su rentabilidad; panelistas piden que venda si no quiere operar, destacando la mano de obra especializada (promedio 45-55 años) irremplazable y necesidad de indemnizaciones. Testimonios revelan angustia familiar, planes de Uber como salida precaria y fondo de lucha para comida.
La empresa discute ocupación temporal en acta pública de seis carillas, sin propuestas de pago; el delegado Crespo insiste en que FATE es esencial para transporte, ambulancias, autobombas y defensa, con líneas de producción de 2 km que tardan años en replicarse. Conductores llaman a reapertura responsable, culpando al cierre a disputas políticas.
La reunión termina sin avances en salarios ni apertura, continuando conciliación; protestas persisten con apoyo sindical (CGT, CTAs) y políticos, ante amenaza de parálisis logística nacional.