La secretaria del broker Agustín Isín declaró que Marcelo Grandío pidió cotización para invitar a una "familia amiga" a Punta del Este, que resultó ser la de Manuel Adorni, y solicitó no facturar los vuelos de ida y vuelta para evitar registros. La empresa facturó solo el tramo de ida por 4.800 dólares pagados por In-House, productora de Grandío con vínculos a TV Pública, mientras la vuelta se facturó tarde el 9 de marzo, coincidiendo con la viralización del video.
Tras publicarse el escándalo, Grandío llamó nervioso a la secretaria durante su testimonial ante el juez Lijo y fiscal Gerardo Policita, enviándole mensajes como "¿Estás? ¿Te puedo llamar?", mientras ella mostraba chats del contrato al tribunal. Además, Grandío mandó carta documento desconociendo la factura de vuelta, negando el servicio y pidiendo nota de crédito, lo que panelistas ven como intento de obstrucción.
El fiscal Policita ordenó investigar propiedades de Adorni y su esposa Betina Angeletti, como casa en country Indioquá (expensas de 700.000 pesos), departamentos en Caballito, Chacabuco y La Plata, vehículos, permisos de construcción, declaraciones juradas de Oficina Anticorrupción (incluyendo reservadas) y registros migratorios de viajes. Esto surge de denuncia por enriquecimiento ilícito de Marcela Pagano.
Javier Milei respaldó públicamente a Adorni, comparándolo con ataques a Sandra Pettovello. En debate, concejal Leila Yanni (La Libertad Avanza) e Iván Dubuac (Parlasur) defendieron a Adorni como víctima de lawfare por enfrentar mafias, acusando a medios de operaciones, mientras periodistas cuestionaron explicaciones incompletas y falta de pruebas como transferencias.
El panel destacó contradicciones en declaraciones de Grandío, quien primero dijo invitar y luego que cada uno pagó su parte, y posibles coacciones judiciales por llamadas y carta documento durante la investigación.