Presos en penales bonaerenses intentaron estafar a dos jueces de la Cámara Penal de San Isidro, Luis Cayuela y su colega Stepaniuk, haciéndose pasar por empleados de correo para obtener códigos de remito vía WhatsApp.
La jueza federal Sandra Reyes Salgado denuncia que los detenidos usan celulares ilegales para extorsiones, grooming y amenazas, causando suicidios como el de Juan Waldrich en Bolívar, el soldado Gómez en Olivos y un caso en Santa Fe. Revela escuchas donde presos coordinan fraudes y critican la falta de control en cárceles provinciales.
Los jueces tenían líneas intervenidas por fiscal Ferrari tras denuncia de Cayuela, quien perdió contactos de WhatsApp robados. Reyes Salgado pidió al ministro provincial Juan Martín Mena cesar celulares autorizados en pandemia, sin respuesta, pero el ministro nacional Juan Bautista Maíquez analiza incluir en reforma del Código Penal la privación de libertad digital para condenados graves.
Destaca bandas narcotraficantes liderando desde adentro, como la del Millón en San Isidro con víctimas fatales, y propone soluciones como inhibidores, traslados e inteligencia contra la "universidad del delito" en penales. Diputado Oscar Lieberman impulsa ley provincial contra celulares.
En Devoto usaban estudios universitarios para internet y delitos. La jueza enfatiza actualizar el Código Penal del siglo XIX para conductas del XXI, prohibiendo acceso virtual a presos peligrosos.