La primera ministra japonesa Sanae Takadichi endurece la política migratoria al elevar a 10 años el tiempo mínimo de residencia requerido para obtener la nacionalidad, duplicando el anterior período de 5 años.
La nueva norma exige también cumplimiento de normativas fiscales y establece condiciones para revocar la nacionalidad si no se cumplen los requisitos. Fue impulsada por un partido aliado desde septiembre pasado ante el Ministerio de Justicia, argumentando que era demasiado fácil obtenerla.
La medida cuenta con apoyo de un partido de ultraderecha que pide ir más allá, permitiendo a japoneses naturalizados presentarse en el Parlamento. Esto marca un cambio significativo en la política migratoria asiática.