La Corte de Apelaciones de Estados Unidos revocó por 2 a 1 el fallo que obligaba a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares más intereses a Burford Capital por la expropiación de YPF, un alivio equivalente a un tercio de la deuda externa del país y la mitad del presupuesto anual.
Panelistas celebraron la decisión como un triunfo de política de Estado sostenida desde los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, destacando la estrategia legal de la Procuración del Tesoro y la Secretaría Legal y Técnica que evitó el desastre financiero.
Se criticó duramente la expropiación como encubrimiento de corrupción previa, con los Eskenazi y Petersen obteniendo el 25% de YPF sin invertir un peso, pagándose con dividendos excesivos del 130% de ganancias, vaciamiento de la empresa y figuras delictivas como enriquecimiento sin causa y descapitalización.
Burford Capital anunció que apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque solo acepta el 1% de casos; el panel advirtió que queda pendiente la vía criminal por fraude procesal en Nueva York y causas locales como la de Ariel Lijo sobre el rol de los Eskenazi.
Se resaltó el rol de ONG como Republican Action for Argentina como amicus curiae, aportando argumentos de corrupción, y se mencionó el alineamiento geopolítico con Trump y el trabajo silencioso de abogados como Cristian Franco y Fernando Guiraz.