La Justicia Federal ordenó allanamientos inmediatos en oficinas de Alfa Centauri y otros sitios vinculados al vuelo charter de Manuel Adorni a Punta del Este, apenas horas después de la conferencia de prensa del jefe de gabinete. Se requiere documentación sobre la factura de 42.250 dólares emitida por la empresa de su amigo Marcelo Grandío, contratista de TV Pública, incluyendo originales, recibos y contratos.
El panel revela que no llegó documentación a la fiscalía pese a promesas del gobierno, y se pide levantamiento de secretos bancario y fiscal para cruzar datos patrimoniales. Fuentes judiciales de Ariel Lijo y Gerardo Policita aclaran confusión sobre un supuesto allanamiento previo en San Fernando, confirmando que las medidas son nuevas y ocurren ahora con Policía Aeroportuaria.
Adorni defendió el viaje como personal pagado con su dinero privado, pero el uso de factura de contratista estatal genera dudas sobre fondos públicos. El gobierno muestra apoyo con tuits de Karina Milei y anuncio de Javier Milei acompañándolo al Congreso el 29 de abril, mientras surge que un departamento en Caballito a su nombre no figura en su declaración jurada.
La estrategia de conferencia con ministros para mostrar músculo choca con la rapidez judicial, exponiendo contradicciones como el rechazo a vuelos familiares estatales mientras usa empresa estatal para viaje privado.