La Unión Europea busca extraer materias primas críticas como litio, tierras raras, cobre y cobalto en su territorio para lograr la neutralidad climática del Pacto Verde 2050, dependiente actualmente de China, pero enfrenta fuertes protestas de comunidades locales por impactos ambientales y sociales.
En Extremadura, España, la empresa Atalaya Mining planea mina de cobre en zona protegida Red Natura, generando oposición de plataformas ciudadanas lideradas por Héctor Rodríguez y Ángel Vicente, quienes denuncian riesgo de escasez de agua, polvo destructivo y residuos tóxicos similares a Río Tinto, donde balsas de lodos inestables amenazan con colapsos como en Aznalcóllar 1998.
En Suecia, los pueblos originarios Sami protestan contra LKAB por explotación de yacimiento de tierras raras en Kiruna, que hunde la ciudad y bloquea rutas de renos, destruyendo su cultura; Mati denuncia "colonización verde" sin consentimiento libre previo e informado (FPIC), pese promesas de consulta.
Políticos como la diputada Silde Garbentele y Nicola Beer defienden minería sostenible legal en áreas protegidas para autonomía estratégica, acelerando aprobaciones vía nueva Ley de Materias Primas Críticas que exige 10% producción local sin veto comunitario total, ignorando críticas decrentistas a contradicción crecimiento vs sostenibilidad.
Activistas como Diego Marín cuestionan viabilidad "verde" de minería, citando presiones industriales en Bruselas y riesgos globales como Brumadinho, mientras China restringe exportaciones de galio y germanio, impulsando ley pese alertas de insuficiencia recursos para todos.