La Unión Europea aprobó la Ley de Materias Primas Críticas para extraer litio, tierras raras, cobre y otros minerales en su territorio y reducir dependencia de China, pese a fuertes protestas de comunidades locales y pueblos originarios por impactos ambientales, escasez de agua y falta de consulta real.
En Extremadura, España, la empresa Atalaya Mining impulsa una mina de cobre en zona protegida que consume grandes volúmenes de agua en medio de sequías agravadas por el cambio climático, afectando a agricultores como Héctor, quien denuncia que les quitan la vida al secar sus tierras. La Plataforma Ciudadana acusa al proyecto de camuflar extracción de oro, que genera 40 millones de euros en bonificaciones y hace viable la mina, de lo contrario deficitaria.
En negociaciones a puerta cerrada, la UE acelerará aprobaciones mineras en áreas protegidas por interés público superior, pero excluyó el FPIC (consentimiento libre previo e informado) de pueblos originarios y locales, limitándose a consultas. Activistas como Diego y representantes indígenas protestan en Bruselas durante la Semana de Materias Primas, criticando la "etiqueta verde" a la minería destructiva.
Políticos celebran la ley por autonomía estratégica y metas del Pacto Verde 2050, pero opositores llaman a reducir demanda de recursos vía decrecimiento económico y transición ecológica democrática, evitando colapso. En Alconchel, crecen manifestaciones contra la minería, con decepción por el acuerdo que ignora derechos humanos y ambientales.