Un sicario en moto disparó siete balazos contra la casa de una concesionaria en Bécar, San Isidro, matando a Cecilia Iraola, de 53 años, madre del dueño de 27 años que vende autos y joyas. El ataque, presuntamente ordenado por Gustavo Arroyo, detenido en Escobar, surgió de una disputa por un BMW vendido con fallas, donde Arroyo pagó 10 mil dólares y mandó "escarmentar" al vendedor ausente en Costa Rica.
El sicario, Pablo Ragnis o un asociado con tobillera electrónica por prisión domiciliaria en José León Suárez, cortó el dispositivo, huyó tras ser detectado por cámaras y dejó un arsenal de armas, celulares y dinero en su casa. Arroyo se desligó alegando negocios, pero señales telefónicas lo ubican en la escena; el sicario falló en "solo asustar" al impactar abdomen de Iraola a través de persiana plástica a las 18 hs.
El informe critica el sistema de tobilleras: 6.700 personas monitoreadas de 12.700 en domiciliaria (datos Ministerio Justicia 2024), 54% con dispositivo, pero fallas permiten fugas sin alerta inmediata al 911. Costo de sicario estimado en 2 millones de pesos, resalta "código penal paralelo" en disputas privadas resueltas con violencia.
Se cuestiona eficacia del monitoreo radial, menciona sobrecarga (80% sin motivo claro), crecimiento de dispositivos desde 3.800 en 2019 a casi 7.000, y compara con casos privilegiados, evocando vigilancia estricta en figuras públicas.