Melina de Alba presentó un proyecto de reforma a la ley 26061 de protección integral de niños, para incorporar un equipo forense con psicólogos imparciales que acelere procesos judiciales.
En Argentina, 12 millones de niños y adolescentes representan el 26% de la población, con 46% en pobreza y 10% en extrema pobreza. Unos 5 millones no cubren necesidades básicas, y la línea 102 recibe la mitad de llamados por violencia, maltrato y abuso.
El proyecto propone grabar audiencias, digitalizar registros y evitar desvinculación total de familias, reduciendo tiempos en institutos y adopciones. Penaliza jueces que no cumplan plazos, pero está congelado en Congreso desde el año pasado.
Se busca que el niño sea escuchado rápido, con informes de ambas partes familiares para jueces de menores, que hoy carecen de estas herramientas imparciales.