Agostina Páez, abogada argentina imputada por racismo en Río de Janeiro, admite su exabrupto ofensivo hacia empleados de un bar tras una discusión y amenazas previas que la provocaron, con penas de hasta 15 años de prisión. Su abogada Carla Junqueira argumenta que fue un arrebato sin intención premeditada, busca revocar medidas cautelares como la tobillera electrónica y permitirle responder el proceso desde Argentina, criticando la falta de protección consular pese a amenazas de muerte atribuidas al Comando Vermelho.
Páez relata su calvario diario en Brasil: vive aislada por miedo, con ataques de pánico, bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico vía Zoom desde Santiago del Estero, mudanzas constantes para evitar agresiones tras filtración de su dirección, y presión social como cara del racismo en campañas policiales. Recibió mensajes amenazantes como "te estamos vigilando frente a tu departamento" y advierte a argentinos sobre leyes antifascistas estrictas en Brasil.
La defensa destaca que la embriaguez o emoción violenta no atenúan penas por racismo según la Suprema Corte brasileña de 2025, pero busca humanizar el caso con video previo de agresión hacia ella. Páez se disculpó públicamente pese a consejo inicial contrario, rechaza prisión efectiva temiendo por su seguridad en cárceles brasileñas, y pide volver a Argentina para someterse a justicia sin riesgo vital, evocando casos como D'Artes.
Conductores expresan preocupación por su integridad, resaltan arrepentimiento y reparación como fines de la pena, mientras Páez extraña familia y mascotas en Santiago del Estero, insta a erradicar prejuicios racistas y toma su caso como ejemplo para turistas argentinos en Brasil.