La Unión Europea aprobó una ley de materias primas críticas que obliga a cubrir al menos el 10% de sus necesidades mediante minería local, acelerando aprobaciones y permitiendo extracción en áreas protegidas si hay interés público superior, sin incluir el consentimiento libre, previo e informado (FPIC/SPIC) de pueblos originarios y comunidades afectadas.
En Suecia, la minera LKAB amenaza la cultura sami al bloquear rutas migratorias de renos en Kallak (Per-Jeyer), pese a presiones de la ONU. En España, Atalaya Mining Copper enfrenta oposición en Extremadura por perforaciones ilegales en Red Natura 2000, riesgo de balsas tóxicas inestables como en Río Tinto, y consumo de agua en sequías, con activistas como Héctor Rodríguez y Ángel Vicente denunciando infracciones y camuflaje de oro en proyectos de cobre.
Accidentes pasados como Brumadinho (Brasil, 270 muertos) y Aznalcóllar (España, Boliden, 6 millones m³ lodos tóxicos) ilustran riesgos de presas aguas arriba. Economista decrescentista Timothy Parikh critica el "superorganismo" económico que extrae 106 mil millones toneladas materiales/año, proponiendo reducir consumo para evitar colapso. China restringe gallo y germanio, impulsando la ley UE.
Protestas crecen en Alconchel; eurodiputados como Nicola Bea defienden autonomía estratégica, pero críticos ven entrega a empresas mineras y "etiqueta verde" falsa, ignorando alternativas como transporte público y demandas militares (F-35 usa 415 kg tierras raras).