La Unión Europea alcanzó un acuerdo en su Ley de Materias Primas Críticas que acelera la extracción de litio, tierras raras y otros minerales en su territorio para el Pacto Verde, exigiendo cubrir al menos el 10% de necesidades propias mediante minería local, pese a eliminar el consentimiento libre previo e informado (FPIC o SPIC) de pueblos originarios y comunidades afectadas.
En Suecia, la mina Per Geijer de LKAB amenaza la última ruta migratoria de renos sami, mientras en Extremadura, España, Atalaya Mining Copper enfrenta oposición por balsas de relaves tóxicos inestables que podrían derramarse como en Aznalcóllar (1998, Boliden) o Brumadinho (Brasil), contaminando ríos y tierras con arsénico y metales pesados; activistas denuncian perforaciones ilegales sin agente ambiental y camuflaje de oro como principal ganancia.
Durante negociaciones en Bruselas, representantes sami y locales protestaron contra la "etiqueta verde" a la minería destructiva, exigiendo participación real y alertando sobre dependencia china y demanda militar (ej. F-35 usa 415 kg tierras raras), pero la ley solo obliga consultas sin veto, priorizando autonomía estratégica sobre estándares ambientales en zonas protegidas como Red Natura.
Economistas decrescentistas como Timothy Parrick critican el "superorganismo económico" que extrae 106 mil millones de toneladas anuales superando límites planetarios, proponiendo reducir consumo y priorizar transporte público sobre autos eléctricos; protestas crecen en Alcontar mientras UE celebra "prosperidad sostenible".