Los diputados que integraron la Comisión Investigadora del Caso Libra dieron una conferencia de prensa y anunciaron la formación de una nueva comisión ad hoc para seguir indagando la supuesta estafa millonaria, pese a no tener número para una formal. El diputado Maxi Ferraro, de la Coalición Cívica, apuntó directamente al presidente como partícipe necesario en una operación planificada con premeditación, respaldado por metadatos informáticos y pruebas remitidas al fiscal y juez Martínez de Choz.
En entrevista exclusiva, el ministro de Justicia Juan Maíques rechazó las acusaciones como imprudentes e inconstitucionales, recordando que solo el Poder Judicial puede imputar o condenar, y diferenció el rol político de la comisión del judicial. Maíques cuestionó la liviandad de calificar al presidente de culpable sin proceso firme, citando ejemplos previos como comisiones contra la Corte Suprema que no prosperaron.
El ministro respondió a revelaciones periodísticas sobre 37 llamadas desde el teléfono de Mauricio Novelli a Karina Milei (7), Santiago Caputo (14) y el presidente (más de 20), y un supuesto contrato de 5 millones de dólares, afirmando que se investiga una filtración ilegal de un disco rígido de 40 GB desde la Procuraduría, ordenada por el procurador Eduardo Casal, que podría haber comprometido la cadena de custodia.
Maíques garantizó independencia judicial sin interferencias del Ejecutivo, negó contactos con jueces o fiscales en la causa, y reiteró que no promueve ni persigue a nadie, priorizando herramientas para una justicia ágil. Insistió en dejar actuar a la justicia sobre si hubo corrupción o manipulación de pruebas en los dos expedientes abiertos.