El fiscal Carlos Rívolo desestimó la denuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel contra los conductores Pablo Rossi y otro periodista por supuestas calumnias e injurias en un análisis televisivo sobre la sesión del Senado. El fiscal calificó la acusación como imputación calumniosa, argumentó que se trata de un delito de acción privada sin pena de prisión y recomendó una vía civil por daños y perjuicios, destacando la libertad de expresión en temas de interés público y fallos de la Corte Suprema.
Los conductores celebraron la resolución y criticaron duramente a Villarruel por ignorar elementales derechos constitucionales de libertad de expresión. Afirmaron que ella busca criminalizar el análisis político legítimo sobre su rol en el Senado, donde tiene poco poder real y una imagen positiva de solo 16% en encuestas. La tildaron de "campanita" por solo presidir sesiones y advirtieron que su actitud es "peligrosísima" si aspira a la presidencia.
El debate escaló al escándalo de los aumentos salariales de senadores por 11 millones de pesos, ligados a paritarias del gremio APL desde 2011 bajo Julián Domínguez y Amado Boudou. Villarruel se desligó vía Twitter, pero los conductores le exigieron derogar esa resolución con "ovarios" o acusarla de connivencia con la casta, ya que Martín Menem lo hizo en Diputados.
Revelaron una resolución firmada por Villarruel que crea una estructura de 26 cargos en Recursos Humanos del Senado, como Director General, Subdirectora, directores de capacitación, bienestar laboral y más, comparándola con un ministerio para solo 72 senadores y acusándola de hipocresía contra la casta política.