El legislador bonaerense Oscar Liuberman presentó un proyecto de ley para prohibir explícitamente los celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, permitiendo solo comunicaciones auditadas en horarios y líneas específicas. La iniciativa busca facilitar requisas y la instalación de inhibidores de señal, ya probados en cárceles federales como las de Mendoza y Santa Fe, donde se usaban para deliveries de droga con drones.
Liuberman enfatizó que la medida no implica incomunicación total para los reclusos y surgió del caso del gendarme Rodrigo Gómez, quien se suicidó el 16 de diciembre pasado víctima de una extorsión sofisticada orquestada desde una cárcel mediante un teléfono oficial del INE. Los delincuentes usaban identidades reales de policías, ruido de comisaría en las llamadas y producción profesional para engañar a las víctimas.
Los presos ahora utilizan celulares miniatura dual SIM comprados por 20 dólares en plataformas como Temu, entregados a domicilio, lo que complica el control. El proyecto, ya en Cámara de Diputados provincial, busca claridad legal para que guardias sepan qué requisar y evitar complicidad como en casos pasados con Vicky Cantero.
Apoyos notables incluyen a Malena Galmarini, quien posteó exigiendo inhibir señales por estafas que dejan a gente en la ruina, y expertos como el fiscal Patricio Ferrari, el juez Carlos Pagliere y Sandro Rollo Salgado del Ministerio de Seguridad.